Asociación de Trabajadores Autónomos y Dependientes de Castilla y León | 25 abril 2024.

2021-03-23

El Gobierno aprueba ayudas directas a autónomos y empresas

    El Gobierno central ha aprobado un paquete de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial que movilizará 11.000 millones de euros para apoyar a personas trabajadoras autónomas y empresas, a través de ayudas directas, medidas de reestructuración de deuda financiera y recapitalización. Se trata de una inyección de dinero público muy importante para el mantenimiento de la actividad económica y el empleo en nuestro país.

    23/03/2021.
    Imagen Tradecyl

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    Las Ayudas directas a personas trabajadoras autónomas y empresas las gestionará el Gobierno de Castilla y León. Tienen como objetivo la concesión de ayudas a las y los autónomos y empresas de los sectores más afectados por la pandemia cuyos ingresos hayan caído más de un 30% con respecto a 2019. Estas ayudas directas se deben emplear para el pago de deudas contraídas por las personas trabajadoras autónomas y empresas desde marzo de 2020, como pagos a proveedores, suministros, arrendamientos o reducción de la deuda financiera.

    La cuantía de la ayuda será de:

    • Para microempresas y autónomos (con hasta 10 empleados) cubrirán hasta un 40% de la caída adicional de ingresos.
    • Para empresas y autónomos (con más de 10 empleados) cubrirán hasta un 20% de la caída adicional de ingresos.
    • Para los autónomos que tributen en régimen de estimación objetiva una cantidad fija de 3.000 euros.
    • Para los autónomos que tributen en régimen de estimación directa un rango de entre 4.000 y 200.000 euros.

    Las Ayudas para la reestructuración de deuda financiera COVID son medidas de apoyo y flexibilización de los préstamos que cuenten con aval público, permitiendo así que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) se incorpore a los procesos de refinanciación y reestructuración que pacten los bancos con sus clientes.

    Se podrán acordar con las entidades financieras medidas para:

    • Extender el plazo de vencimiento de los préstamos con aval público
    • Convertir los préstamos con aval público en préstamos participados
    • Permitir la concesión de ayudas directas para reducir la financiación con aval público solicitada durante la pandemia.

    Para la articulación de estas medidas se aprobará un Código de Buenas Prácticas, de adhesión voluntaria por parte de las entidades financieras y otros organismos, similar al existente en el ámbito hipotecario, cuyo objetivo es favorecer una actuación coordinada y eficiente de los bancos en apoyo de empresas viables con problemas puntuales de solvencia.

    Finalmente, para aquellos casos en que las medidas anteriores no hayan sido suficientes, se crea un Fondo de recapitalización de empresas afectadas por COVID, dirigido a reforzar los balances de empresas que eran viables en diciembre de 2019, pero que se enfrentan a problemas de solvencia por la pandemia.

    Las personas trabajadoras autónomas y empresas receptoras de estas ayudas deberán cumplir los siguientes requisitos:

    • No tener su domicilio en un paraíso fiscal.
    • No estar en concurso de acreedores.
    • No haber cesado la actividad en el momento de la solicitud.
    • Hallarse al corriente de pago con Hacienda y la Seguridad Social.
    • No repartir dividendos.
    • No aumentar los salarios de su equipo directivo durante un periodo de dos años.
    • Mantener su actividad hasta junio de 2022.