Asociación de Trabajadores Autónomos y Dependientes de Castilla y León | 21 diciembre 2024.

2024-01-11

Castilla y León sin un órgano de representación del Trabajo Autónomo

    Castilla y León no puede permitirse seguir perdiendo autónomos y autónomas. Es perentorio abordar los desafíos a través de un órgano de participación, debate, información y propuesta de actuaciones, válidamente constituido, que escuche, estudie y aporte soluciones a los retos y necesidades del colectivo. Para canalizar el derecho a la participación institucional del colectivo, formado por las personas trabajadoras autónomas, el art. 22 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, previó la constitución de los Consejos autonómicos del Trabajo Autónomo, que a su vez tendrán representación en el Consejo Estatal del Trabajo Autónomo.

    11/01/2024.
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    Castilla y León se sitúa entre las Comunidades Autónomas que más personas afiliadas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) pierden en nuestro país. Entre el mes de noviembre de 2022 y el de 2023 se han perdido 2.504 afiliaciones al RETA. No se trata de un dato puntual o coyuntural sino de una pérdida estructural de autónomos que sufre nuestra Comunidad. Estos datos exigen un análisis riguroso, un diagnóstico certero que permita implementar políticas y medidas que se tornen eficaces, puesto que los datos ponen de manifiesto que las que se han llevado a cabo hasta la fecha no han logrado, ni tan siquiera, el mantenimiento de las mujeres y los hombres autónomas y autónomos de nuestra tierra.

    Para esta tarea de fomento y promoción del Trabajo Autónomo, logrando medidas y políticas fructíferas, debe constituirse un órgano de encuentro, participación y diálogo que dé voz a sus protagonistas: las personas trabajadoras autónomas de Castilla y León; a través de sus organizaciones representativas, con la finalidad de garantizar su derecho a la participación institucional en el diseño de las políticas públicas que les afecten.

    Para canalizar el derecho a la participación institucional del colectivo, formado por las personas trabajadoras autónomas, el art. 22 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, previó la constitución de los Consejos autonómicos del Trabajo Autónomo, que a su vez tendrán representación en el Consejo Estatal del Trabajo Autónomo.

    Extremadura creó el Consejo Extremeño del Trabajo Autónomo en el año 2009 (Decreto 246/2009), Cataluña constituyó el suyo en el año 2010, La Rioja lo hizo en el año 2011, bajo el nombre de Consejo Riojano del Trabajo Autónomo. Murcia lo creó en el año 2012 Consejo Asesor Regional del Trabajo Autónomo de la Región de Murcia, Galicia creó el Consejo Gallego del Trabajo Autónomo en el año 2013 (Decreto 19/2013); Navarra constituyó el Consejo Navarro del Trabajo Autónomo ese mismo año, en virtud del Decreto Foral 9/2013; Canarias en 2017 constituyó el Consejo de Apoyo al Emprendimiento, al Trabajo Autónomo y las Pymes Canarias. Aragón crea en 2018 el Consejo Aragonés del Trabajo Autónomo (CATA). En Madrid se constituye el Consejo Municipal del Trabajo Autónomo de la Ciudad de Madrid en el año 2020; y finalmente, Andalucía ha creado el Consejo Andaluz del Trabajo Autónomo en 2022.

    Contar con un verdadero apoyo por parte de las administraciones públicas autonómicas requiere del diálogo social como instrumento útil en el proceso de elaboración de normas, estrategias, medidas y políticas eficaces que logren un Trabajo Autónomo de calidad. La participación activa de las personas trabajadoras autónomas en la toma de decisiones es esencial; es un derecho democrático reconocido en nuestra Constitución y en nuestro Estatuto de Autonomía (art.23 CE y art.11 Estatuto de Autonomía de CyL).

    El colectivo de personas trabajadoras autónomas de CyL es pieza esencial de nuestro tejido productivo, capaz de vertebrar el territorio, de diversificar la actividad económica, de generar riqueza y asentar población. Castilla y León no puede permitirse seguir perdiendo autónomos y autónomas. Es perentorio abordar los desafíos a través de un órgano de participación, debate, información y propuesta de actuaciones, válidamente constituido, que escuche, estudie y aporte soluciones a los retos y necesidades del colectivo.

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